La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a analizar esta semana la legalidad de los aranceles impuestos por Donald Trump bajo el argumento de «reciprocidad». El caso definirá si el presidente puede aplicar gravámenes sin aprobación del Congreso, poniendo en juego el alcance real de su doctrina «Estados Unidos primero».
El eje del conflicto
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utilizó los aranceles como instrumento central de su política económica y diplomática. Bajo la figura de «emergencia comercial», aplicó medidas contra países como México, Canadá y China, con el objetivo de proteger la industria nacional y reducir el déficit. Sin embargo, varios tribunales consideraron que el presidente había excedido su autoridad constitucional.
En mayo, una corte federal falló en contra de la Casa Blanca y en agosto una corte de apelaciones ratificó esa postura por siete votos contra cuatro, llevando el caso hasta el máximo tribunal.
Ahora, la Corte Suprema deberá determinar si el Ejecutivo puede usar el comercio como herramienta unilateral de presión o si necesita la intervención del Congreso.
Impacto económico y político
Los aranceles se convirtieron en una pieza clave del relato trumpista sobre soberanía económica, pero también generaron costos internos.
Varias pequeñas y medianas empresas han reportado incrementos en los precios de insumos importados, lo que resulta en una pérdida de competitividad frente a otros mercados. Aunque el impacto inflacionario general ha sido moderado, la presión sobre sectores industriales vulnerables sigue siendo constante.
Los analistas anticipan que el tribunal podría validar parcialmente la política de Trump, pero con límites definidos: permitir los aranceles recíprocos y restringir los de carácter punitivo. Incluso si el fallo resultara adverso, el presidente podría recurrir a la Sección 301 de la Ley de Comercio para mantener su estrategia arancelaria de forma temporal.
Implicaciones globales
El veredicto no solo afectará la política interna de Estados Unidos, sino también su posición frente a socios estratégicos. Una decisión favorable consolidaría la visión proteccionista de la administración Trump y reforzaría el giro hacia un comercio más controlado desde Washington.
En cambio, una derrota judicial podría marcar el fin de su arma económica más simbólica y abrir espacio a una negociación más equilibrada con el Congreso.
Conclusión
La batalla legal sobre los aranceles trasciende lo económico: es una prueba de fuerza institucional entre el poder presidencial y el legislativo. En juego está no solo la política comercial de Estados Unidos, sino la legitimidad del modelo con el que Trump busca redibujar las reglas del comercio mundial.
