Un diputado francés propone que el país compre 420,000 BTC en los próximos 7 a 8 años.

BlockBeats Noticias, 29 de octubre, según Bitcoinsensus, el diputado francés Éric Ciotti presentó un proyecto de ley que propone que Francia adquiera aproximadamente 420,000 bitcoins en los próximos 7 a 8 años, lo que representaría alrededor del 2% del suministro total. Las fuentes de financiamiento incluyen el uso de excedentes de energía nuclear e hidroeléctrica para la minería nacional de bitcoin, la disposición de activos cripto incautados y la canalización de fondos de cuentas de ahorro para la compra diaria de BTC. Si se aprueba, Francia se convertiría en el primer país europeo en incluir bitcoin en sus reservas nacionales.

El proyecto de ley no solo aborda la acumulación de bitcoin, sino que también propone una participación más amplia en la construcción de infraestructura cripto y su vinculación con la agenda energética. El gobierno podría redirigir el excedente de energía nuclear e hidroeléctrica a operaciones nacionales de minería de bitcoin, apoyando la red y convirtiendo la generación no utilizada en activos de reserva. El énfasis en la localización implica que Francia mantendría el control sobre los datos y recursos energéticos nacionales, limitaría la influencia de compradores externos en la infraestructura digital y vincularía la energía limpia con la producción de alta tecnología. Este marco energético podría reducir las pérdidas por capacidad no asignada y, al mismo tiempo, apoyar el empleo en la industria.

El proyecto también detalla las fuentes complementarias para las reservas. El Estado no solo utilizaría parte del excedente de generación eléctrica para la minería y registraría los BTC extraídos en las reservas, sino que también contabilizaría los activos incautados por sentencias judiciales y destinaría parte de los fondos de productos de ahorro populares (como Livret A) para compras periódicas de pequeñas cantidades. Además, se sugiere permitir el pago de ciertos impuestos en bitcoin, una vez obtenidas las aprobaciones necesarias, con el fin de establecer un marco operativo de liquidación dentro de los procedimientos existentes.